Estados Unidos es el país líder en la aplicación de la biotecnología a la agricultura. Una de las razones por las que ha alcanzado esta posición es la flexibilidad de su marco regulador. Una parte significativa de su producción de soja o maíz es ya transgénica, y sus empresas pretenden evitar barreras técnicas a sus exportaciones en los principales mercados mundiales. En la UE, la posición reticente de una parte significativa de la opinión pública ha contribuido a la aprobación por parte de las autoridades de una legislación pensada para evitar los riesgos potenciales de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) sobre la salud humana y el medio ambiente. El procedimiento para autorizar uno de estos organismos es largo y prolijo y se exige un etiquetado obligatorio a partir de un determinado umbral. Cuando, a partir de 1998, los intereses estadounidenses se comenzaron a ver perjudicados por la regulación comunitaria, mostraron su disposición a iniciar un procedimiento formal de denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Aunque éste aún no se ha producido, los acuerdos de la OMC son los que establecen las reglas de juego para el comercio internacional. La UE puede argumentar que su procedimiento de aprobación está diseñado para reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente, lo cual es compatible con los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Sus exigencias sobre etiquetado obligatorio son también consistentes con el Acuerdo OTC si la OMC acepta que un producto en el que se detecta material transgénico no es igual a uno convencional. La aprobación del Protocolo de Bioseguridad legitima aún más la posición comunitaria, ya que reconoce explícitamente el principio de precaución y permite que en la evaluación de riesgos se consideren también los no científicos. A pesar de eso, la entrada en vigor del Protocolo está pendiente de la ratificación de al menos 50 países y, hoy más que nunca, es una incógnita la ratificación por parte de Estados Unidos. En cualquier caso, no es aventurado pensar en la aparición de una futura controversia comercial que ponga de relieve las contradicciones entre el acuerdo comercial y el ambiental.
